La Fundación Saldarriaga Concha realizó una intervención ciudadana a petición de la Corte Constitucional, quien requirió del concepto técnico de la Fundación sobre el contenido y alcance del derecho a la educación inclusiva de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

La intervención se hizo en el marco de un proceso en el que la Corte Constitucional se encuentra examinando el caso de cerca de 105 niños de Antioquia que están viendo amenazada la continuidad de su proceso educativo, pues se les manifestó a sus representantes que debido a dificultades administrativas con la disposición de un subsidio económico del que venían siendo beneficiarios, los menores podrían ser reubicados en otros colegios.

En este contexto, la Corte solicitó a la Fundación que emitiera un concepto sobre el alcance y el contenido del derecho a la educación para niños y niñas en situación de discapacidad y sobre los criterios que deben tenerse en cuenta para garantizar una educación de calidad para esta población.

En la intervención presentada a la Corte se hizo especial énfasis en que las personas con discapacidad no pueden verse obligadas a cargar con las consecuencias negativas de los problemas administrativos que pudieren presentarse a la hora de prestar efectivamente el servicio educativo, por lo que los operadores judiciales deben velar porque el derecho a la educación se garantice efectivamente más allá de los choques operativos que puedan presentarse.

Uno de los argumentos principales sobre el alcance de este derecho para la población con discapacidad es que el proceso formativo debe adelantarse en el contexto de las aulas regulares, allí donde los estudiantes con discapacidad puedan interactuar con toda la comunidad, lo que fortalece su desarrollo social, al tiempo que mejora la capacidad del sistema para adaptarse a la diversidad.

Por esta razón, se le recomendó a la Corte Constitucional que revise sus dinámicas de decisión judicial y tome el caso como una oportunidad para cerrarle definitivamente las puertas a la educación segregada que aísla a las personas con discapacidad y no les permite una participación activa y una educación incluyente. Derecho a la educación inclusiva

A través de su área de incidencia la Fundación Saldarriaga Concha pone al servicio de los jueces, y en especial de la Corte Constitucional, su conocimiento y capacidad técnica para lograr superar las barreras que discriminan, excluyen y vulneran los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad.