La Fundación Saldarriaga Concha elaboró el informe alternativo sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como respuesta y complemento al informe que presentó el Gobierno colombiano a las Naciones Unidas.
Este informe alternativo presenta los avances de Colombia para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, prioriza los temas y acciones en que debe enfocarse y permite verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en 2011 en la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad deben visibilizarse como ciudadanos que aportan al desarrollo social y económico.
Las 10 recomendaciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Colombia son:
1. Mejorar las medidas que permitan que las personas con discapacidad vivan de manera independiente y cuenten con los apoyos necesarios para realizar su proyecto de vida y ser incluidas en la comunidad.
2. Garantizar el acceso a servicios de salud con calidad y oportunidad.
3. Garantizar el derecho a una educación regular inclusiva en condiciones de igualdad en todos los niveles de formación.
4. Fortalecer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la defensa de los propios derechos, con un modelo de apoyo en la toma de decisiones que sea respetuoso de la dignidad humana.
5. Promover el acceso al empleo formal y a otras estrategias de generación de ingresos.
6. Mejorar la calidad de vida y los mecanismos de protección social, para lo cual debe fortalecerse la protección económica en la vejez, en casos de pérdida o disminución de la capacidad laboral.
7. Abordar la discapacidad de manera transversal e intersectorial con otros elementos de la diversidad humana cómo la vejez y el envejecimiento.
8. Eliminar las barreras actitudinales, físicas y comunicativas que obstaculizan la plena inclusión social de las personas con discapacidad y asegurar la implementación de la normativa de accesibilidad a los espacios, servicios y oferta pública.
9. Reconocer los riesgos e impactos específicos que enfrentan las personas con discapacidad en un contexto de conflicto armado con las consecuentes necesidades de una oferta institucional adecuada para su atención, asistencia y reparación integral.
10. Fortalecer fuentes e instrumentos de información que permitan caracterizar la situación del goce de los derechos de las personas con discapacidad.