Según las más recientes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)[1], más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. Es decir que alrededor del 15% de la población mundial presenta esta condición.
De acuerdo con la OMS, el número de personas con discapacidad aumenta debido al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a esta condición, entre ellos la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. El fenómeno se debe al envejecimiento de la población, puesto que las personas mayores tienen un alto riesgo de adquirirla.
Esta realidad no es ajena a Colombia, donde las cifras del censo del Dane[2] en 2005 señalan que en el país existen 2,6 millones de personas en condición de discapacidad, quienes representan el 6,4% de la población colombiana. No obstante, la ENDS[3] de 2010, menciona que este porcentaje asciende al 7%, es decir, más de 3 millones de colombianos viven en esta condición.
Del total de las personas con algún tipo de discapacidad, el 43,9% tiene discapacidad física, el 43,4% visual y el 17,3% auditiva. El 13% tiene problemas para hablar, el 11,7% para atender o aprender y el 9,4% presenta una discapacidad para relacionarse con los demás, por problemas mentales o emocionales. El mismo censo estima que la tasa de discapacidad es mayor en los hombres, con el 6,6%, que en las mujeres, con un 6,1%.
Frente a este panorama y con el propósito de generar en el país una movilización social y política sobre el tema de discapacidad, la Fundación Saldarriaga Concha realizó la actividad: “Las limitaciones no están en las personas”, la cual se llevó a cabo en Bogotá el pasado 28 de julio. (Ver video)
En esta iniciativa, basada en una experiencia internacional, tres personajes de la vida pública asumieron por cinco horas de su cotidianidad algún tipo de discapacidad. Los invitados fueron Alejandro Santos, director de la revista Semana, Juan Ricardo Ortega, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, e Inés María Zabaraín, presentadora del noticiero CM&.
Durante la actividad, cada uno de los personajes transmitió al Estado y a la sociedad en general un mensaje de inclusión y de accesibilidad para que todos y todas comprendan que las ciudades son y deberían ser para todas las personas, sin importar su condición.
Descargue el informe completo aquí
Rompiendo barreras universales
De acuerdo con la Constitución Política de 1991, toda persona nace libre e igual ante la ley y goza de los mismos derechos, libertades y oportunidades. No obstante, más de tres millones de personas con discapacidad en el país se enfrentan diariamente a múltiples barreras físicas, urbanas, arquitectónicas, comunicativas y sociales que les impiden acceder a servicios y oportunidades básicas, y a estar incluidas verdaderamente en la sociedad.
De acuerdo con Ricardo Becerra Sáenz, persona con discapacidad, formado en diseño industrial en la Pontificia Universidad Javeriana y consultor en diseño inclusivo, “la accesibilidad debe ser entendida como la manera en que todos los entornos sean accesibles y usados por la mayor cantidad de personas, sin distinción de edad género, condición, raza o capacidad, y entendamos al entorno como el espacio, las comunicaciones,objetos,servicios y seres humanos”.
El hecho de que en el país existan espacios y construcciones, tanto públicas como privadas, accesibles y que el transporte sea inclusivo no beneficia únicamente a las personas con discapacidad sino a millones de personas más.
Según Sonia Verswyvel, consultora y auditora en temas de accesibilidad, “el tema central aquí es que logremos tener una sociedad accesible para todos, es decir, que las personas con discapacidad, aquellas con capacidades temporales (nadie está exento de troncharse un pie o fracturarse una pierna), las mujeres embarazadas, madres con coches de bebé (que hacen la misma función de una silla de ruedas) puedan acceder y movilizarse tranquilamente por las ciudades”.
Si se tiene en cuenta que las personas con discapacidad son casi el 7% de la población, las personas mayores el 10%, las mujeres embarazadas representan otro porcentaje junto a las mujeres con niños en coches, estaríamos hablando de que el tener ciudades accesibles beneficiaría mínimo a casi el 30% de la población colombiana.
“Cuando yo hablo de accesibilidad quiero decir poder salir de la casa, poder pasar por las puertas, transitar por las calles, subir puentes a través de rampas que cumplan con las normas mínimas del 10 al 12% de inclinación, poderme transportar y asimismo participar en todo lo que la ciudad puede brindarme”, explicó Verswyvel.
Desde un marco legislativo y normativo
El que las ciudades no cumplan en un cien por ciento los estándares universales establecidos en accesibilidad, podría indicar que en Colombia no existen leyes ni normas que obliguen a que edificios, restaurantes, calles, entre otros, cumplan con esto. En el país sucede lo contrario, desde hace más de una década se ha establecido un marco legal para hacer todo mucho más accesible.
Colombia cuenta con la Ley 361 de 1997, la cual establece los mecanismos de integración social de las personas con discapacidad en los ámbitos de educación, salud, empleo, accesibilidad, entre otros. En este último capítulo se constituyen las normas y criterios para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida en espacios públicos, mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.
Así mismo, los decretos 1538 de 2005, por el cual se aclara el término de accesibilidad, y 1660, por el cual se reglamenta la accesibilidad en los modos de transporte de la población, también hacen parte de este ordenamiento.
Se cuenta también con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en el año 2006, recién ratificada en Colombia, lo que significa que ahora hace parte del ordenamiento constitucional del país, es decir, tiene un poder legal superior al de cualquier ley ordinaria, decreto o código.
Ésta en su artículo nueve señala que los Estados partes deben adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público tanto en zonas urbanas como rurales.
De igual manera, existe la Norma Técnica de Icontec NTC 4145, que establece los requisitos mínimos de accesibilidad al medio físico, edificios y escaleras.
De acuerdo con lo anterior, la pregunta sería: ¿acaso todas las notarías, calles, parques y oficinas del sector público, así como los servicios básicos (transporte, comunicaciones, educación, entre otros) cuentan con las normas mínimas de accesibilidad?
Ricardo Becerra considera que “el país debe hacer una reflexión profunda con base en las nuevas dinámicas mundiales hacia donde se está llevando el término de inclusión”. Becerra agrega que “se deben generar procesos que permitan fortalecer la plataforma legal, normativa”, para que así se logre su efectivo cumplimiento.
Según Soraya Montoya, directora Ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, “aunque en los últimos años se han venido haciendo algunos esfuerzos para mejorar las condiciones de accesibilidad en las edificaciones públicas y privadas en el país, aún tenemos un largo camino por recorrer. Es inconcebible que el acceso a servicios tan básicos para cualquier ser humano como la educación, el transporte público y la misma comunicación, se bloquee a millones de ciudadanos y ciudadanas”. Montoya agrega que “podríamos decir incluso, que la falta de accesibilidad es la mayor barrera que pueden tener las personas con discapacidad para su participación en la sociedad porque de nada sirve que les den una cita en el médico, un cupo en la escuela o incluso un trabajo, si ni siquiera pueden utilizar un bus para llegar, y si lo logran, luego no tienen posibilidad de entrar a un edificio, o al colegio, o a un centro comercial”.
La discapacidad vista desde un enfoque productivo
Una de las apuestas que tienen los especialistas y expertos en temas de discapacidad es que los Estados y las sociedades comprendan que esta condición no es un asunto que involucra únicamente a las personas que las poseen, sino que genera además un impacto social que llega a miles de personas más.
Según la información establecida, en el país hay más de tres millones de personas con discapacidad pero, como lo explica Ricardo Becerra, “las cifras no dan datos de prevalencia de impacto. Con la discapacidad tú afectas un entorno, es decir, que en ella mínimo hay entre una y tres personas vinculadas al acompañamiento. Por ejemplo: una mamá, un cuidador, una enfermera, etc”.
Lo anterior, permitiría inferir que la discapacidad, a nivel de impacto social, estaría afectando en el país a 12 millones de personas, lo que representaría el 26% de la población. Es decir, construir sociedades que incluyan y que sean accesibles para las personas con discapacidad traería consigo beneficios económicos, de desarrollo y productividad para el país.
“Por impacto esto significaría que una persona con discapacidad que viaje y que sea acompañada por dos personas más estaría abriendo puertas inmensas al mercado. Yo le pregunto al gerente de un hotel, ¿cuánto está dejando de ganar su lugar por no tener instalaciones accesibles para estas personas?”, manifiesta el consultor en diseño inclusivo.
Por esta razón, responde Becerra, la accesibilidad es tan importante. “Las personas con discapacidad son consumidores, compran, comen, viven y hacen todo lo que cualquier otra persona hace, y eso es un beneficio para el país y para los empresarios”.
A su vez, Sonia Verswyvel considera que, “durante algún tiempo he estudiado que los países desarrollados se dieron cuenta de la importancia de las personas con discapacidad. Si a ellas no las incluimos socialmente, serán una carga económica para las familias, para su entorno, para las fundaciones y para el país”.
Verswyvel agrega que “si el Estado les brinda la oportunidad de estudiar, trabajar, de movilizarse, todo esto será un beneficio económico para todos”.
Las bondades de una educación inclusiva
Los especialistas coinciden en que para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, hay que generar un cambio de cultura en la sociedad y esto se lograría únicamente con políticas y estrategias encaminadas a trabajar el tema desde las aulas de clase.
“Como Fundación que trabaja principalmente por la inclusión de las personas con discapacidad, estamos convencidos de que a todos los niños y niñas, sin importar su condición, deben tener la oportunidad de ir al aula con los demás niños de su edad y no quedarse encerrados o escondidos en sus casas por su discapacidad, o en el mejor de los casos segregados o excluidos en una institución especial”, afirma la directora Ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha. Y añade que “es importante que los niños comprendan desde el colegio que todas las personas son diferentes y por tanto deben gozar de las mismas condiciones, oportunidades, de capacidad y de talento, y que éste último es la fortaleza más importante para construir sociedad”.
Por esta razón, es necesario que en el país y sus ciudades se logre efectivamente una educación inclusiva y accesible. Si bien, el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Dane a 2009 indicó que el 33% de estas personas entre 5 y 14 años y el 58,3% entre 15 y 19 años no asisten a la escuela y solo el 5,4% de los que estudian terminan el bachillerato, es hora de que los proyectos en materia educativa apunten a este propósito.
Ahora, cómo lograr que la accesibilidad llegue no solo a los espacios sino también al conocimiento, la información y por ende al aprendizaje. Según Marisol Moreno, directora del Instituto Del Desarrollo Humano, (Dis)capacidades y Diversidades, “hay que incrementar las oportunidades para que los niños logren un efectivo y completo aprendizaje”. “Esto se logra si a los pequeños se les presenta múltiples maneras de acceder a la información. Si el profesor no me estimula, no llega a mí, nunca se podré acceder verdaderamente al conocimiento”.
La especialista considera que todo esto no consiste en hacer un paralelo con los niños con discapacidad sino por el contrario, que todo esto sirva también a otros pequeños a los que se les dificulta acceder a la información y al aprendizaje y así lograr una educación inclusiva y accesible en el país.
Retos hay muchos, pero es claro que desde la familia y el colegio se puede lograr que las personas con discapacidad sean reconocidas en igualdad de condiciones que las demás y por ende es que la misma escuela, los parques, edificios, calles y demás deben estar pensadas también para ellas.
De igual manera, de acuerdo con Soraya Montoya, “siempre existen mecanismos por la vía legal, como la tutela e incluso las acciones populares, para que los establecimientos públicos o privados tengan unas condiciones mínimas de accesibilidad. Sin embargo, es importante que todas las personas nos volvamos veedoras y movilizadoras del tema. Se puede hacer un seguimiento, con acciones concretas y sencillas en las que todos podemos participar, por ejemplo, aprovechando el poder de las redes sociales y del voz a voz, para poner en evidencia las fallas de accesibilidad de un determinado sitio público o privado”.
“Qué tal si todos los que conocemos a alguien con discapacidad, o los que tenemos a algún familiar con alguna limitación, bien por condiciones físicas o sensoriales, o incluso por su edad, dejamos de ir a comer o a comprar a sitios que no son accesibles, habría un impacto económico importante que los forzaría a transformarse”, concluye la directora de la Fundación Saldarriaga Concha.
[1] Organización Mundial de la Salud – OMS. Informe Mundial sobre la discapacidad en 2011. (Ver abajo información de consulta)
[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dane. Censo de 2005. (Ver abajo información de consulta)
[3] Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2011.